Los empresarios critican que la Administración Pública sea el mayor moroso de España

Cámara y Confaes instan a los futuros gobernantes a reconocer las deudas de la Administración y de las entidades vinculadas y a hacerlas públicas.

La morosidad por parte de las administraciones se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los empresarios. En España, el plazo para que la Administración liquide las facturas a las empresas se sitúa actualmente en 153 días, muy por encima de los treinta días que establece la última Modificación de la Ley 15/2010 contra la morosidad.

En este sentido, el Presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca y de Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (CONFAES) ha señalado que “el mayor moroso de España son las Administraciones Públicas y sólo pedimos que se cumplan los plazos de pago que establece la Ley. Por este motivo, es necesario recuperar las líneas de financiación del Instituto de Crédito Oficial destinadas a que las Administraciones Locales puedan pagar a sus proveedores, tal y como recogía la Ley de Morosidad en su redacción original”. Juan Antonio Martín Mesonero ha añadido que “los candidatos que sean elegidos para gobernarnos, deberán gestionar los déficits municipales de un modo eficaz y eficiente”.

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* Reducción de la morosidad

Una de las principales preocupaciones de los empresarios salmantinos en los últimos meses viene derivada de la gran tardanza en el pago de las deudas de las administraciones públicas y de sus organismos dependientes. Las administraciones tienen un plazo medio de pago en España de 153 días, sin duda, un tiempo muy por encima de la Ley. Según la última encuesta sobre “Financiación Ajena de las Pymes” de las Cámaras de Comercio, el retraso medio en el cobro de la administración pública es de casi 5 meses. Además, el 51,2% de las pymes que trabajan con la Administración Pública tiene problemas para cobrar de las entidades locales y el 34,1% de las autonómicas.

Reclamamos de los gestores políticos un serio compromiso para tratar de erradicar lo antes posible este problema que amenaza gravemente la supervivencia de muchas pequeñas y medianas empresas que trabajan habitualmente con las administraciones en un contexto como el actual, en el que además existe una notable dificultad para acceder al crédito. Por eso, pedimos el cumplimiento de lo recogido en la Ley de Morosidad, y el pago en un plazo máximo de 30 días a contratistas y proveedores de las Administraciones. La falta de transparencia en este punto es uno de los problemas,por eso instamos a los futuros gobernantes a que se comprometan a reconocer las deudas de la administración (y de sus entidades vinculadas: fundaciones, sociedades, etc.) y a hacerlas públicas en cuanto tomen posesión del cargo.